En la esfera política no existe coincidencia; por lo tanto, las acusaciones emitidas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la supuesta participación de la CIA en operativos mexicanos deben interpretarse más allá de una mera provocación o expediente judicial.
Se trata simultáneamente de un mensaje político, diplomático y comercial dirigido al gobierno mexicano durante uno de los momentos más sensibles en la relación bilateral: el inicio de las negociaciones para revisar el T-MEC el 6 de junio próximo. Washington eligió golpear directamente donde más duele.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses de colaboración con los Chapitos y la facilitación de operaciones del Cártel de Sinaloa. El impacto político es crucial, especialmente víspera de las elecciones intermedias, ya que el ataque golpea directamente a Morena, al gobernador cercano al obradorismo.
El mensaje no se detiene ahí; Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, afirmó que vendrán más acusaciones contra políticos mexicanos vinculados con el narcotráfico. También reveló que un juez mexicano habría sido imputado recientemente.
Blanche explicó que varios narcotraficantes extraditados durante el último año ya cooperan con la justicia estadounidense y podrían proporcionar información contra funcionarios mexicanos. Entre los destacados están Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada. La posibilidad de que estos informantes denuncien redes de protección política mantiene al gobierno mexicano en alerta permanente.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió pidiendo pruebas y rechazando cualquier acusación sin evidencias concluyentes. Sin embargo, el problema central persiste: la infiltración del narcotráfico en estructuras de gobierno, policías, fiscalías y campañas electorales.
El estudio académico Criminal Governance and Political Violence in Mexico (2024) demuestra cómo las organizaciones criminales buscan capturar gobiernos municipales y estructuras políticas mediante financiamiento ilícito, intimidación y asesinatos. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, destacó que encubrir a funcionarios aparentemente ligados al crimen es traición a la patria; erradicar narcolaboratorios, por el contrario.
El contexto internacional empeora aún más. Donald Trump regresa fortalecido tras capitalizar el golpe geopolítico contra Nicolás Maduro en Venezuela y endurecer su discurso hemisférico. La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras transforma el problema del narcotráfico en un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.
Por ello, las amenazas de intervención ya no parecen simple retórica electoral; Trump advirtió que si México “no hace el trabajo”, Estados Unidos lo hará. La declaración ocurre junto a revelaciones sobre cooperación entre agencias estadounidenses y autoridades de Chihuahua y un operativo sin pleno conocimiento del gobierno federal.
Las concesiones recientes parecen insuficientes; desde 2025, México ha extraditado a más de 90 criminales de alto perfil, incluyendo a Rafael Caro Quintero y Omar Treviño Morales, El Z-40. Pero la presión continúa creciendo.
Las señales habían estado presentes por semanas; antes de la acusación contra Rocha Moya, el embajador estadounidense Ronald Johnson lanzó en Sinaloa un discurso contra la corrupción y advirtió que la inversión extranjera “huye donde no hay certeza”.
México tiene razón defendiendo su soberanía. Pero también debe reconocer que el mayor riesgo para esa soberanía proviene de décadas de corrupción y tolerancia que permitieron al narcotráfico infiltrarse profundamente en el aparato estatal.
Avanza en Guerrero, entidad gobernada por Evelyn Salgado, la rehabilitación de espacios públicos con el programa “Obras que Transforman”; realiza importantes obras sociales en municipios del Norte, específicamente en Apaxtla, Teloloapan, Tetipac y Pilcaya. De los proyectos con avance significativo se encuentran el boulevard de Apaxtla de Castrejón, el parque municipal de Teloloapan y el mercado municipal de Tetipac.
En Oaxaca, todo está listo para la 94 edición de la Guelaguetza. El gobernador Salomón Jara presentó la cartelera oficial de “Julio, mes de la Guelaguetza 2026”, que incluirá más de 140 actividades culturales, artísticas, deportivas y gastronómicas para compartir la riqueza de Oaxaca con México y el mundo.