El gobierno de Estados Unidos ha publicado una nueva orden ejecutiva sobre inteligencia artificial, que reduce significativamente los plazos para la revisión voluntaria de modelos de IA de 90 a «no más de» 30 días. Además, se excluye taxativamente cualquier carácter obligatorio, otorgando un papel crucial a las empresas para definir qué modelos se someten al escrutinio.
Esta decisión fue impulsada por David Sacks, el responsable de IA en la administración Trump, quien ha presionado para que no se impongan medidas restrictivas que puedan perjudicar la innovación y competitividad estadounidense frente a China. La Casa Blanca argumenta que su objetivo es fomentar la innovación sin arriesgar la seguridad nacional.
La orden mantiene el marco de colaboración voluntaria entre el gobierno federal y las empresas para testar modelos avanzados antes del lanzamiento, pero los plazos se recortan drásticamente. Según fuentes bien informadas, Sacks ha sido fundamental en esta decisión, convenciendo a Trump de que una regulación intrusiva podría ser perjudicial.
Además, el documento establece un clearinghouse interagencial para ciberseguridad centrado en IA, liderado por el Departamento del Tesoro. Este punto de encuentro voluntario entre el sector privado, los operadores de infraestructuras críticas y las agencias federales se encarga de coordinar la validación de hallazgos y la remediación. Aunque es un instrumento defensivo potencialmente valioso, su falta de obligatoriedad lo hace vulnerable a ser ineficaz ante amenazas avanzadas.
Esta orden ejecutiva refleja una cambio de doctrina en el manejo de IA y tiene implicaciones directas para la seguridad nacional. La decisión de dejar en manos de las compañías el ritmo y profundidad del testeo de modelos de vanguardia plantea riesgos significativos, como la posibilidad de backdoors inadvertidas o sesgos explotables.
Los expertos advierten que sin una revisión exhaustiva, los modelos de IA mal testados podrían ser utilizados por servicios extranjeros para obtener ventajas estratégicas. Aunque la orden es voluntaria, las agencias implicadas deben adaptar sus protocolos ante sistemas con menores garantías.
El nivel de clasificación de los benchmarks que desarrollará el NSA es secreto o top secret, lo cual contrasta con la total voluntariedad del programa. La administración estadounidense confía en que el mercado se auto-regule mientras aceleran las operaciones de espionaje.
La Casa Blanca ha dejado abierta la posibilidad de un giro si ocurre algún incidente grave, pero por ahora, la doctrina está marcada y la inteligencia estadounidense deberá hacer malabares con las herramientas disponibles. El próximo informe del Director Nacional de Inteligencia sobre amenazas anuales dará pistas sobre la preocupación existente en Langley.