El bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto crucial en el comercio internacional, está teniendo un impacto significativo en la economía catalana. La falta de estabilidad en las rutas marítimas, especialmente aquellas que conectan Europa con Asia a través del Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, ha frenado el crecimiento económico del sur de España.
Según las estimaciones de analistas y fuentes del sector marítimo, el bloqueo iraní podría reducir la tasa de crecimiento catalana en hasta 0,3 puntos porcentuales este año. Esto se debe principalmente a la interrupción de cadenas logísticas que afectan sectores clave como química, agroalimentario y automoción.
El comercio exterior catalán, que exporta bienes por valor de más de 90.000 millones de euros anualmente, es altamente dependiente de rutas marítimas que dependen de la estabilidad del Golfo Pérsico y, en particular, del paso por el estrecho de Ormuz.
Además de la interrupción de las cadenas logísticas, la escalada del conflicto en Oriente Próximo también ha generado preocupación sobre la inflación. Los precios de los combustibles y fletes marítimos están aumentando, lo que podría impulsar el IPC catalán a situarse por encima del 3% en la segunda mitad del año.
La dependencia energética de Cataluña es un factor estructural que amplifica cualquier choque externo. A pesar de los esfuerzos en renovables, la región sigue importando más del 90% de la energía que consume, lo que la hace vulnerable a cualquier disrupción geopolítica como la actual.
El Govern catalán se enfrenta a un escenario complejo, con menos crecimiento y mayor inflación en las previsiones económicas. Ante este panorama, el Gobierno ha convocado por primera vez en esta legislatura el gabinete de seguimiento económico para evaluar el impacto del conflicto en la economía catalana.
Las medidas de apoyo a los sectores exportadores más expuestos están en las antenas del Gobierno, aunque se descarta un plan de contingencia de gran alcance por ahora. La capacidad de respuesta del Gobierno puede influir en las negociaciones con Moncloa sobre la financiación autonómica.